Grupo de Pacificación: Reacción a la Ley Sinde

Llamamiento #RedResiste

Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.

La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.

El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE -siempre defendida por el Ministerio de Cultura- se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.

Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.

Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.

Los gobiernos van y vienen. La red resiste.

Estamos al inicio de una legislatura, enfrentados a una larga trayectoria antes de las siguientes elecciones. En su segundo Consejo de Ministros, el gobierno aprobó el Reglamento de la "ley Sinde".

Las movilizaciones, intentos de diálogos y opiniones de juristas, han sido ignoradas. Se han dado por buenas las tesis y exigencias de los grupos de presión para que apruebe una ley que socava derechos fundamentales, y la necesaria independencia y juridiscción judicial de un estado de derecho. Así, no nos dejan más opción que responder con aquello que afecta directamente a los intereses de fondo: el dinero. Si el debate público y el activismo intenso durante más de dos años no han servido de nada, sólo podemos recurrir el boicot a aquellos que han exigido y apoyado el recorte de libertades en la red.

El objetivo del boicot es no comprar ni consumir obras artísticas e intelectuales de autores, productores, agentes o directivos que se manifestaron explícitamente, o participaron en los grupos de presión de la redacción y aprobación de la conocida como "ley Sinde". No se intenta reducir la libertad de expresión, ni de que se ganen la vida con sus obras intelectuales; por ello no se solicita el boicot contra medios de comunicación, ni se pide que se quiten del mercado estas obras. Sólo se pide un consumo responsable; que no se adquieran obras intelectuales de aquellos que hayan apoyado y promovido explícitamente la redacción y aprobación de la "ley Sinde", o de cualquier otra ley que recorte libertades fundamentales en favor del interés comercial de una minoría.

¿ES DEMOCRÁTICO EL BOICOT?

Los grupos y personas que presionaron para la aprobación de la ley Sinde usaron todas las herramientas posibles que les permite la ley, e incluso en algunos casos la han violado. Han usado la libertad de expresión, hasta los límites de la ley, para acusar a la ciudadanía de ladrones, piratas que sólo pretenden todo gratis. Una ciudadanía que ya paga un indiscriminado, impuesto e ilegal canon digital.

Han contratado a personas y empresas para divulgar su mensaje. Usaron dinero público para campañas de manipulación. Mantuvieron reuniones con delegados de otros países. Solicitaron a EEUU que incluya a España en su lista de países más piratas, para usarlo luego en sus campañas de manipulación, incluso en juicios manifiestamente exagerados. Contrataron a empresas para elaborar estudios fraudulentos. Difamaron a personas con nombre y apellido, conocedores de que tenían más y mejores recursos para posibles demandas legales. Escribieron artículos falsos y manipulados en todos los medios de comunicación a su alcance. Mintieron repetidamente sobre los resultados de juicios que han perdido, pero siguieron usando la frase "descargas ilegales" a sabiendas de su falsedad. Y cuando vieron que los jueces no les iban a dar la razón, les acusaron de desconocer la ley, e hicieron lo posible para evitarlos. Así llegó la ley Sinde.

En todos estos años se intentaron diferentes métodos de debate: manifiestos, reuniones, manifestaciones en las calles, campañas por el voto responsable. Fue en vano, como si no existiese el descontento generalizado en la ciudadanía, entre expertos legales, e incluso en el propio estamento judicial. Quedó de manifiesto que sus grupos de presión, financiados con fondos públicos por diferentes vías, tiene una gran capacidad de influencia, infinitamente mayor que la de la ciudadanía interesada por el complejo problema.

Ante esta situación, el boicot no sólo es una herramienta perfectamente legal, que ya se usó en casos similares, sino que es prácticamente la única que nos queda. La decisión del boicot no es resultado de un enfado superficial, recurrimos a él después de años de activismo de defender que la red no sea un estado de excepción, con leyes y normas más restrictivas que las que regulan nuestra convivencia en el "mundo físico".

No se hace el boicot por unas ideas u opiniones diferentes, sino por las acciones, esas que consiguieron la aprobación de una ley que crea un organismo administrativo de censura en la red. Tampoco se pide una persecución o caza de brujas contra los que no estén de acuerdo con el boicot, o que no lo cumplan, sólo contra aquellos autores que se manifestaron públicamente a favor de una ley que sólo les favorece a ellos, a costa de rebajar derechos y eliminar la independencia y protección judicial.

Si hay que criticar la calidad democrática de lo que pasó en los últimos años, el boicot no es, ni de lejos, lo peor.

LISTA COMPLETA http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Boicot

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